A Greylis Pinto la expulsó “el monstruo”, y su vida no mejoró, al contrario, dice. “El monstruo” es el nombre que dan los habitantes a El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, en el norte de Colombia. En 69.000 hectáreas, una superficie del tamaño de unos 100.000 campos de fútbol, se extraen cada año casi 20 millones de toneladas de carbón para satisfacer el hambre energética del mundo, incluida la de Alemania.
Personas como Greylis Pinto no deben interponerse en el lucrativo negocio de la compañía suiza Glencore, que en 1995 adquirió los derechos de explotación y registró en 2022 un volumen de negocios anual de 256.000 millones de dólares. Por eso, su comunidad afrocolombiana de Chancleta fue reubicada forzadamente por las autoridades colombianas hace once años. Pinto dijo a DW: “Nuestra situación actual es lamentable. Ahora vivimos lejos de nuestro hogar, donde lo teníamos todo, especialmente seguridad alimentaria. Aquí no tenemos nada: ni agua, ni salud, ni trabajo”.
Pinto recorre actualmente Europa con las activistas de derechos humanos Carolina Matiz y Tatiana Cuenca, entre otras cosas, para llamar la atención sobre la precaria situación de las comunidades que fueron casi engullidas por “el monstruo”, y “escupidas” en un lugar diferente.
Consecuencias fatales de la reubicación forzosa
En Nueva Chancleta la tierra no es adecuada para la agricultura, a menudo no funciona el suministro de agua y gas, y simplemente no hay suficiente trabajo. En 2015, incluso el Tribunal Constitucional de Colombia dictaminó que, debido a la reubicación forzosa, se estaban violando los derechos de la comunidad a un medioambiente sano, al agua potable y a la vida.
Tatiana Cuenca, coordinadora de área del programa de Conflictos por el Agua y la Minería de la organización ambiental colombiana Censat Agua Vida, dijo a DW: “Para que realmente haya una transición energética justa, se deben contemplar los impactos acumulativos de estos 40 años de extracción de carbón en El Cerrejón, de lo cual se ha beneficiado también Alemania como comprador. La Guajira es la región más empobrecida de Colombia, donde las condiciones de vida son precarias. Las comunidades padecen hambre, literalmente, y en los últimos 10 años desafortunadamente han muerto al menos 5.000 niños y niñas a causa de la desnutrición”.
Estas consecuencias se pueden leer en el informe actual “¿Cerrejón siempre gana?”, realizado con el apoyo de la organización de derechos humanos Oxfam: destrucción y contaminación de bosques, aguas subterráneas y ríos; enfermedades respiratorias y cáncer en la población, probablemente debido al polvillo de carbón; ataques frecuentes a activistas, y la ausencia de reparaciones adecuadas luego de reubicaciones forzadas, como la que tuvo lugar en Chancleta.
La repuesta de Glencore al nuevo informe sobre El Cerrejón
Glencore, el grupo de empresas más grande del mundo activo en el comercio de materias primas y la minería, rechaza estas acusaciones y señala los millones en dinero de impuestos y pagos a la región para iniciativas sociales y medioambientales, así como para la distribución generalizada de agua potable. “Glencore está comprometido a respetar los derechos humanos de acuerdo con los principios rectores de las Naciones Unidas. Nuestro objetivo es defender y promover el respeto por los derechos humanos en toda nuestra cadena de valor”, continúa su respuesta.
Carolina Matiz, de la oenegé de derechos humanos CINEP, dijo a DW: “El objetivo es visibilizar lo que está sucediendo en la Guajira en relación con los derechos humanos, y que está ampliamente documentado. También la conexión entre la minería del carbón y las violaciones de los derechos humanos, y el sector financiero en Europa. Glencore opera en Colombia pero cuenta con el apoyo de bancos y compañías de seguros europeas”.
Desde el inicio de la guerra de agresión rusa en Ucrania, Alemania ha importado cada vez más hulla de EE. UU., Australia y Colombia; en lo que va de 2023 han sido casi tres millones de toneladas del país sudamericano. En ello intervienen empresas energéticas como EnBW, Uniper, RWE y Steag. Y los bancos y compañías de seguros alemanes también participan en el lucrativo negocio del carbón con bonos, acciones, préstamos y garantías para Glencore.
“Prueba de fuego” para la ley de cadena de suministro
Tilman Massa, de la organización Critical Shareholders, dijo a DW que las empresas energéticas alemanas, en particular, tienen el deber de hace cumplir la ley de cadena de suministro, que está en vigor en Alemania desde el 1º de enero de 2023. Según dicha ley, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en las cadenas de suministro globales, aunque el sector financiero aún no ha sido incluido en el marco legal. Massa dijo a DW: “El caso de Glencore y Colombia es una prueba de fuego de cuán efectiva es la ley. El gobierno alemán debe garantizar que las empresas cumplan con los estándares sociales y ambientales. Y no sólo mínimamente en el papel, sino también en la realidad.”
El Ministerio alemán de Economía y Protección del Clima (BMWK) respondió a una pregunta de DW, indicando: “El BMWK tiene conocimiento de las acusaciones contra la empresa Glencore procedentes de la prensa y de conversaciones con ONG colombianas”. Y añadió: “Se puede suponer que las importaciones alemanas de hulla desde Colombia disminuirán a medio plazo, porque lo ideal es que Alemania elimine progresivamente la generación de energía a carbón antes de 2030, pero a más tardar hasta 2038”.
Asimismo, ese Ministerio señaló que también apoya a Colombia “en la eliminación gradual del carbón y una transición energética socialmente justa, incluso con financiación y servicios de consultoría, como parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima y la membresía de ambos países en la Alianza Internacional Powering Past Coal (PPCA)”.
Carbón de Colombia, ¿conforme a una política exterior alemana regida por valores?
En 2034 expira la concesión de Glencore en El Cerrejón. Pero las activistas colombianas expresan su temor acerca de los efectos actuales de la minería y los de la próxima década, luego de que Glencore desaparezca del lugar sin haber cumplido con su responsabilidad de reparar los probados daños al medioambiente y a la salud.
Claudia Kemfert, del Instituto Alemán de Investigación Económica, considera que la importación de carbón de Colombia ya no es adecuada a la época. También a causa de la nueva orientación de la política exterior alemana. “Estas transacciones ciertamente ya no son parte de una política exterior basada en valores”, dijo a DW. “Por supuesto que también podemos arreglárnoslas sin carbón de Colombia; hay numerosos proveedores de carbón en el mundo. Idealmente, allí donde haya menos violaciones de los derechos humanos y las normas ambientales sean más rigurosas”, añadió. La experta en energía exige más transparencia en los negocios con Colombia. “Pero eso vale también en el futuro para otras áreas, como, por ejemplo, para el hidrógeno verde, donde aseguremos de manera similar la sostenibilidad y el respeto de los estándares medioambientales y sociales”.
(cp/ers)
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